Salir bien parados

Susana Jiménez S. y Patricio Rojas R.

Tras los largos y abrumadores meses en que estuvimos absortos en el debate constitucional, el 4 de septiembre marcó un hito. Ese día, una gran mayoría de los chilenos se negó a avanzar por un camino refundacional que habría sido muy costoso para el país. Y aunque el proceso constitucional seguirá su curso, resulta indispensable volver a fijar la mirada en la contingencia y empezar a resolver los problemas pendientes, muchos de los cuales no son solo de carácter político.

El contundente resultado del plebiscito debiera alentar al Gobierno a replantear su postura transformadora, para conducirla hacia algo más racional y factible. Redirigiendo el rumbo podrían concurrir distintas posiciones políticas y contribuir a crear un ambiente propicio para empujar un programa consensuado. Hay aquí una oportunidad que no puede ser desaprovechada.

“El contundente resultado del plebiscito debiera alentar al Gobierno a replantear su postura transformadora, para conducirla hacia algo más racional y factible. Redirigiendo el rumbo podrían concurrir distintas posiciones políticas”.

En lo inmediato, es indispensable abordar las reformas que ha anunciado el Gobierno, sin desconocer que estamos en un país que se enfrenta al mismo tiempo a una fuerte desaceleración económica, a la mayor inflación de las últimas tres décadas, a un abultado déficit de cuenta corriente y a una virtual paralización de las inversiones. Es en este contexto en que se hace urgente reducir la incertidumbre. A la luz de lo aprendido en el debate constitucional, claramente debemos reenfocar y mejorar las propuestas planteadas.

En materia tributaria, ya ha habido algunas señales de mejorar la propuesta de reforma en diversas áreas, como el royalty minero, las atribuciones del SII, el impuesto al patrimonio, la incorporación de medidas pro inversión, entre otras. Bueno sería, además, sincerar que la aspiración de recaudar 4% del PIB en cuatro años es un objetivo inalcanzable y que las modificaciones que harán viable esta reforma ciertamente afectarán la meta buscada, pero debiesen permitir que la economía pueda elevar su crecimiento, incentivando la inversión y, con ello, aumentar la recaudación en el mediano plazo.

La largamente esperada reforma de pensiones también parece estar empezando a tomar en consideración el debate constitucional en torno a esta materia. Difícil resultaría post plebiscito oponerse a la propiedad sobre los fondos de pensiones, la participación de entidades privadas en la administración de estos, la libertad de elección y la incorporación de un mayor componente solidario sin desincentivar el trabajo formal.

Por su parte, la persistencia de una baja participación laboral y una alta informalidad está transformándose en un problema país que no se ha atendido con la debida urgencia. La reforma laboral necesariamente debiera incorporar mayores grados de flexibilidad y promover medidas concretas para elevar la productividad. Sólo así se podrá compatibilizar la aspiración de menores horas de trabajo con el necesario mayor dinamismo que se requiere para la creación de empleos formales de mayor calidad.

Hay una serie de otras discusiones que se dieron en el debate constitucional que debieran llevar a repensar las políticas públicas en esta nueva etapa. La idea de ampliar espacios de libre elección y promover la provisión mixta en salud, educación o vivienda son solo algunos ejemplos de hacia dónde debe empezar a virar el programa del Gobierno, si ha sabido leer el resultado del plebiscito.

Hoy tenemos más información de lo que la gente quiere y, sobre todo, de lo que no quiere. Habiendo voluntad política de todas las partes para avanzar en soluciones consensuadas, es posible que salgamos fortalecidos de este desgastador proceso. Bien vale, esta vez, una buena voltereta para salir bien parados.